Ahora que nuestra Patria se encuentra celebrando el bicentenario de nuestra Independencia y el centenario de la Revolución, acontecimientos históricos que nos demuestran que los mexicanos y mexicanas somos capaces de construir un futuro mejor, la mayoría de la Nación se ha visto conmovida por una decisión que, lejos de favorecer el auténtico desarrollo de las personas y de la sociedad, lo pone en riesgo. Me refiero a la determinación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de otorgar el estatuto de matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo, otorgándoles la posibilidad de adoptar niños y niñas.

La Iglesia, tanto en su Catecismo como en el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 28 de marzo de 2003, enseña que las personas con tendencias homosexuales y lésbicas deben ser tratadas con respeto y delicadeza, y que no deben ser objeto de discriminaciones injustas. Precisamente, el verdadero respeto a estas personas y a la sociedad entera, exige que toda ley positiva sea conforme a la naturaleza de la persona humana y promueva su desarrollo integral, tanto en el plano individual como social.

Razones biológicas, racionales, sociales y jurídicas nos permiten descubrir que sólo podemos dar el estatuto de matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, de donde nacen y se desarrollan adecuadamente los niños, ofreciendo así un bien esencial a toda la sociedad al garantizar la conservación de la especie. En cambio, la unión entre personas del mismo sexo, que son de interés sólo para los convivientes, no ofrece este aporte fundamental a la sociedad. Si, quienes han decidido establecer una convivencia desean tutelar situaciones jurídicas de interés recíproco, pueden recurrir al derecho común, sin necesidad de que sean creadas arbitrariamente leyes nuevas, que además son injustas.

Conceder el derecho de adoptar niños a parejas del mismo sexo construye una flagrante violación a los derechos de los niños, reconocidos por la Convención Internacional de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ya que, como demuestra la experiencia, la ausencia de la bipolaridad sexual crea obstáculos al desarrollo normal de los niños eventualmente integrados en estas uniones, con lo que se les somete a violencias de distintos órdenes. Esto, evidentemente, tiene repercusiones negativas, tanto para los individuos como para la sociedad.

Por estas razones, la Arquidiócesis de Puebla expresa su total solidaridad al Eminentísimo Señor Cardenal Norberto Rivera, Arzobispo Primado de México, quien valientemente ha hecho un llamado a que los demás estados de la República no sigan este perverso ejemplo y se haga lo necesario para defender constitucionalmente a la familia, invitando a los fieles laicos a evitar, por cauces legales, estos atropellos contra la sociedad misma y sus valores más preciados.

Como lo ha pedido el Eminentísimo Señor Cardenal, al tiempo de reforzar los lazos familiares, inculcando a las futuras generaciones el valor único de la familia fundada en el matrimonio de un hombre con una mujer, hagamos oración por la conversión de quienes han promovido y aprobado esta ley, claramente injusta, y que puede causar un enorme daño a las personas y un retroceso a nuestra Nación en su legítimo proceso de desarrollo.

Ponemos en manos de Dios, por intercesión de Santa María de Guadalupe, esta situación que tanto nos duele y preocupa, implorando que en nuestra Patria prevalezca la razón y el sentido común, de modo que el Estado y la sociedad entera velen por la familia, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, y por el respeto, promoción y defensa de los derechos de todos los niños, empeñándose en su sano desarrollo integral que, tanto el Estado como la sociedad deben garantizar.

+ Víctor Sánchez Espinosa

Arzobispo de Puebla