La Iglesia ha tenido la “osadía” de manifestar su inconformidad con la ley aprobada en la capital del país, para dar reconocimiento a las uniones de personas del mismo sexo en la categoría legal de “matrimonio” y a su consiguiente derecho de adopción de menores. La reacción no se ha hecho esperar: los insultos y las descalificaciones en contra de la Iglesia Católica y de sus ministros se han multiplicado en estos días, no sólo en las expresiones de algunos políticos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sino también en muchos analistas y comentaristas en los medios de comunicación, quienes han manifestado el grado de intolerancia al que hemos llegado en México.

Los analistas, especialmente en los medios de comunicación impresos, no se detienen en su crítica destructiva y sin bases contra la postura expresada por la doctrina de la Iglesia, poniendo por todo argumento que ya no estamos en la Edad Media, sino en el siglo XXI, como si hablar de la realidad humana y de su valor dependiera de una época y no de una serie de principios sobre la persona, la sociedad y sus instituciones. Los políticos, con lo único que reaccionan es con su estribillo tan manido como absurdo del “Sacrosanto Estado Laico”, amenazando “aplicar las leyes con todo rigor” para acallar la voz de la Iglesia, y con ella los valores de los creyentes de este Estado democrático que se llama México.

Es tiempo de respeto de unos y otros, es tiempo de diálogo y no de actitudes intolerantes en nombre del laicismo, por parte de quienes detentan el poder pero olvidan que son servidores, desde el gobierno, de un pueblo que tiene valores religiosos, y los vive y celebra de manera libre y natural en su existencia diaria, como personas, como familias y como sociedad. Es tiempo de hablar con argumentos, tratando de escuchar las razones de unos y otros, dejando de lado las actitudes intransigentes y viscerales que nos impiden escuchar, pensar y tomar las decisiones más convenientes con mayor respeto a todos.

En esta polémica que apenas está iniciando, nos hemos encontrado ya con este grupo de políticos y de comunicadores incapaces de dialogar: hablan de libertad, sin estar dispuestos a reconocer la libertad de quienes no piensan como ellos; hablan de tolerancia, sin ser tolerantes en lo más mínimo; piden respeto, usando la calumnia y el insulto a cada paso; se escudan en la democracia, utilizando métodos fascistas para imponerse; quieren defender los derechos humanos, pero pasan por encima de los derechos de los más indefensos, sin mayores cuestionamientos, además de negar el derecho a la libertad religiosa, a la objeción de conciencia y a la libertad de expresión.

Esta ley sobre el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo en calidad de matrimonios, puede discutirse desde muchos ángulos, pero hablemos de una de sus consecuencias más preocupantes: el derecho a la adopción de infantes. ¿Cuál derecho es primero, el de un niño que, en condiciones de necesidad por la carencia de una familia, debe ser apoyado de la mejor manera por la sociedad, por las leyes y las instituciones, o el derecho de alguien que, pasando por encima de las instituciones básicas, reclama para sí un derecho, sin tomar en cuenta los derechos del niño?

Evidentemente un pequeño en situación vulnerable debe ser apoyado por la sociedad y sus instituciones, cuidando escrupulosamente sus condiciones de bienestar y desarrollo. Este es el verdadero punto de discusión: los niños. Dejemos los insultos, debemos actuar con mayor responsabilidad como sociedad, como Iglesia y, por supuesto, como gobernantes. Esperamos que los gobernantes de nuestra Ciudad estén a la altura de lo que la ciudadanía les ha confiado.